El 8 de junio, Argentina, a través de la Cancillería, no aceptó la respuesta israelí y emitió una enérgica misiva.113 En la misma, se rechazaba la recriminación de que en Argentina residen numerosos nazis. Por otra parte se planteaba que Israel no aclaraba si los voluntarios se encontraban en delegación oficial y aunque Ganadorí no fuera se consideraba que Israel tenía responsabilidad sobre los hechos dado que a posteriori los aprobó. Se explicaba que el gobierno de Israel se solidarizó y felicitó públicamente a los autores del hecho. En la misiva todavía se cuestionaba la ley de Israel para juzgar a Eichmann argumentando que de acuerdo a lo establecido en la Convención de Genocidio, ratificada por el gobierno israelí, debía hacerlo un tribunal competente del Estado en cuyo distrito se cometieron los actos o individuo internacional. El comunicado explicaba que la Argentina esperaba una reparación adecuada que no podía ser otra que la restitución inmediata de Eichmann en el transcurso de esa misma semana y la punición de las personas que violaron la ley argentina.

El inconveniente estriba en el contenido que se le da a la expresión “respetar” en el trillado y en los considerandos. En éstos se nombra específicamente a los Testigos de Jehová y se utilizan expresiones como ‘negación de honrar’ y ‘conductas de rechazo a dichos símbolos’. Tal planteo es aparente e incorrecto: el Declarante sí ‘honra’ –una de cuyas acepciones es ‘respetar’– a los símbolos patrios y su aspecto no significa ‘rehusar’ los emblemas nacionales a los cuales reconoce como los símbolos que lo identifican y representan frente al mundo como ciudadano argentino. Pero la norma se redactó “pensando en los docentes Testigos de Jehová e interpretando su postura abstencionista respetuosa como una conducta reprensible, irrespetuosa cerca de lo nacional, poniendo a este Congregación en la mira del doctrina educativo y dificultando gravemente la posibilidad de compatibilizar su derecho a trabajar con su derecho a ser objetores de conciencia, ambos, derechos constitucionales de todo ciudadano”.

Sin bloqueo, los abogados especializados en la materia tienden a estar concienciados con la situación de sus clientes. Luego, es muy probable que te ofrezcan precios simbólicos o fraccionamientos de pagos.

Personas que viven con HIV/SIDA63 La discriminación es un producto socio cultural, que en el caso de la discriminación por HIV SIDA se transforma en un producto biológico-natural. En una sociedad donde el poder construye la verdad –y no lo contrario– el orden médico es individuo de los tres pilares fundamentales del armado de ese poder. Junto con los valores que determinan lo recatado y lo inmoral y el poder sumarial que determina el binomio lícito / ilegal, la urología comenzó hace siglos, a influir determinantemente en la vida cotidiana de las personas, calificando determinadas preferencias como “sanas o enfermas”. Por ejemplo, se sancionó como “enfermedad” a la homosexua63

damentos es el control igualitario de los derechos y garantíVencedor fundamentales reconocidos por la Constitución Doméstico y por los tratados internacionales de derechos humanos con dependencia constitucional mencionados en el artículo 75 inc. 227. En el debate parlamentario que precedió a la aprobación de la norma se dijo que la índole “...no sólo protege a las víctimas de la discriminación, sino que igualmente a la propia sociedad, no obstante que en ella subsisten, por cierto, grupos predispuestos a actos de esa naturaleza, grupos racistas que anidan en su seno invocando los fantasmas del nazismo y del fascismo. Ellos son quienes deben ser atacados y erradicados como si se tratara de una patología que afecta a la propia integración y condición Doméstico de la República.”8 La Condición Antidiscriminatoria investigación tutelar el derecho a la igualdad y a la dignidad personal.

d) En los 10 primaveras anteriores haya sido público persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado como culpable, a excepción de que hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.

Si la atención se hubiese puesto sobre el virus y su transmisión –como por ejemplo ocurrió con la ola de cólera de la término pasada– y no sobre el estilo de vida de las personas que viven con el HIV, la epidemia hubiese sido seguramente mejor controlada. Sin embargo en 1994, el Dr. Jonathan Mann en la X Conferencia Internacional sobre SIDA decía “el principal hacedor de peligro en cuanto a la vulnerabilidad del SIDA es pertenecer a un grupo discriminado y estigmatizado por la sociedad”, “identificamos (la WHO) a la discriminación como verdadera raíz de la pandemia”. Pasaron 10 abriles de esta conferencia y poco y cero se ha liberal en este tema. Vale como ejemplo la Ley 10339 de la provincia de Santa Fe que alude directamente a “los grupos de parada riesgo, considerados como tales las prostitutas, los homosexuales y los drogadictos”. Sin embargo lo que ocurre es otra cosa, se desarrolla el peor escenario: quien padece el HIV sigue confinado al ocultamiento con una constante “muerte civil” quedando dependiente de su grupo originario y sus condiciones sociales en el ingreso a la enfermedad (obviamente, no es lo mismo ser un renombrado comediante portador

cer; resulta ocioso –o tal vez no–, memorar a V.E. que un Tribunal constituido en un Estado de Derecho, que supone que su tarea es vencer pero no convencer, incurre en un serio y profundo error conceptual.”

La Ralea de Segunda Oportunidad, Figuraí como el proceso que regula, trata de facilitar una reestructuración de deudas e incluso la exoneración de las de las que queden pendientes. Para ello hay que cumplir determinados requisitos.

Quizá una mala destello pueda habernos acarreado importantes sumas de fortuna que debemos abonar, pero no podemos hacer frente; por ello existe una norma a la que nos podemos acoger y encontrar Figuraí el perdón de las instituciones.

12 De esta guisa, se observa una tendencia en las normas penales a ampliar el ámbito de protección del principio de igualdad. En el año 2004 fueron derivadas al área Jurídico de la DAIA más o menos de 150 denuncias vinculadas a la discriminación antisemita. En todos los casos, los denunciantes fueron convocados y escuchados a los efectos de evaluar la logística a seguir según las particularidades de cada singular. En el posterior punto se detallan las denuncias que han tenido derivación en la Ecuanimidad. Causas en vía administrativa o Abogado cancelación deudas Barcelona judicial13 Caso S. E.: la denunciante fue víctima de amenazas telefónicas an10

La Equidad santafesina le dio la máxima pena a los cuatro imputados por el Crimen de Carlos Argüelles, un mecánico que formó parte de la costado de Esteban Lindor Alvarado, luego declaró como imputado colaborador y terminó acribillado a tiros en su taller

Que el servicio a porcentaje de éxito es mucho menos arriesgado que el precio cerrado. Si no consigues exonerar todas tus deudas, el coste de la segunda oportunidad será más escaso que si hubieras pactado un precio cerrado.

nes indígenas con el objetivo de suministrar el golpe a las universidades. Esta iniciativa no pudo prosperar aunque que no se consiguieron los sponsors necesarios para el tesina. En el Congreso de LaS LenguaS, avenencia multicultural que se desarrolló en paralelo al III Congreso Internacional de la Lenguaje Españonda durante noviembre de 2004 en Rosario, miembros de distintas comunidades indígenas debatieron sobre la discriminación que padecen sus lenguas originarias. Afirmaron que ellas están vivas, a pesar de la colonización y del Estado hegemónico. Se discutió sobre la importancia de un Estado multicultural con registro de la disparidad de lenguas que existen. Este encuentro cuestionó duramente al III Congreso Internacional de la Lengua Españoleaje por organizar un panel sobre el gachupin y las comunidades indígenas, sin la presencia de los pueblos originarios. Esta falta de inclusión es un síntoma de discriminación. A partir de 2001 Argentina se suscribió al Convenio 169 de la OIT, que destaca la importancia del concepto de “distrito” para las comunidades indígenas y la necesidad de que los Estados tomen las medidas necesarias para determinar qué tierras deben ocupar y garantizar adecuados procedimientos en el sistema procesal que posibiliten las reivindicaciones de sus derechos territoriales.